La normativa municipal sobre seguridad en los recintos es utilizada por la Administración para obstaculizar los eventos en espacios autogestionados.
Hasta cuatro centros sociales madrileños han recibido la visita de efectivos de la Policía municipal y nacional en los últimos meses. En todos los casos se ha repetido el esquema: presión policial sobre el espacio de forma previa a la realización de un evento, identificando a personas y/o amenazando con multas incluso con órdenes de desalojo por la vía rápida en caso de que se realice la convocatoria.
El pasado 1 de noviembre, cinco jóvenes morían en una avalancha dentro del Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El juez encargado del caso, todavía en fase de instrucción, intenta saber si la causa de la avalancha fue un exceso de aforo, así como si hubo mala gestión por parte de la empresa encargada de la seguridad, y en ultima instancia si la responsabilidad sobre la seguridad del espacio recaía sobre el Ayuntamiento o la Delegación del Gobierno.
Ante la alarma social creada por este suceso, lejos de generar una autocrítica por su mala gestión, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para revisar las condiciones de seguridad de numerosas salas de conciertos, algunas de las cuales incluso han sido clausuradas temporalmente. Lo novedoso es que también se están realizando este tipo de actuaciones en espacios ocupados, los cuales no están regulados bajo ningún tipo de marco legal. El 19 de enero el Centro Social Okupado La Traba recibía la visita de la policía pocas horas antes del inicio de un concierto en solidaridad con los detenidos en la huelga del 14 de noviembre. Numerosos efectivos del cuerpo de antidisturbios de la policía municipal rodeaban el edificio y enseñaban a los organizadores del concierto una orden de inspección del centro social emitida por un juzgado de instrucción. Desde la organización del concierto se accedió a que una delegación de policías, bomberos y secretarios judiciales entrasen al espacio para valorar si se daban las condiciones de seguridad para el evento. Cuando se preguntó a la policía por su actuación, éstos se justificaron en base a un supuesto nuevo marco preventivo tomado tras los hechos del Madrid Arena. Pese a que varios bomberos comentaron tras inspeccionar el edificio que las condiciones del inmueble estaban mejor de lo que se esperaba, la decisión policial fue la de cancelar el concierto.
A esta intervención policial han seguido otras. El 18 de febrero se repetía la actuación policial en el ESO La Dragona, en La Elipa. Aunque esta vez no había orden judicial, la asamblea del espacio permitió la entrada a dos bomberos y dos agentes de la policía municipal, que informó sobre la apertura de un expediente administrativo que dará lugar a un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad para eventos en el centro, bajo la amenaza de desalojo en caso de no cumplirlo. Miembros de la asamblea que gestiona el espacio declararon a DIAGONAL que pidieron dicho informe a los bomberos, quienes lo habían remitido a su vez a la Policía municipal, pero que les pedían 40 euros por una copia. El 22 de marzo le tocaba el turno a La Gatonera, en Carabanchel, en un comunicado posterior la asamblea del centro social expresaba lo siguiente: “Nos encontramos frente a una treta policial para cerrar y reprimir a los centros sociales. Sus ansias capitalistas de dinero, su desidia hacia lo público […] provocaron la tragedia del Madrid Arena. Hoy, tras lavarse las manos y pasarse la pelota constantemente para evadir responsabilidades, utilizan el mismo dolor que ellos provocaron para reprimir a quienes denuncian a quienes se rigen única y exclusivamente por el beneficio económico y desprecian las vidas humanas.”
La últimas intervenciones tenían lugar los días 17 y 18 de mayo. El viernes, dos policías se presentaban en La Salamanquesa, en Moratalaz, mostrando un escrito que declaraba “ilegal” la fiesta en solidaridad con la comisión Cerremos los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Según explica una de las personas organizadoras del evento, que estaba previsto celebrarse el sábado por la tarde, desde las 11h hasta las 14h varias dotaciones de la Policía municipal y nacional identificaron a todas las personas que se acercaban a la vez que le hacían entrega de una copia del documento de la ilegalización del evento.
Absolución para el espacio social La Dragona
El pasado jueves 4 de abril se celebraba el juicio contra una de las personas que participa de la asamblea del Espacio Social Okupado Autogestionado La Dragona, acusada de usurpación, robo de energía a la red eléctrica y ofensa a la memoria de los muertos. Pocos días después se publicaba la sentencia absolutoria, que se hacía pública desde la asamblea del La Dragona el pasado 21 de mayo. La empresa propietaria del edificio, Funespaña S.A., se verá obligada bien a recurrir la sentencia o bien a realizar una nueva denuncia para poder conseguir el desalojo del espacio.
Diagonal https://www.diagonalperiodico.net/libertades/efectos-del-madrid-arena-sobre-centros-sociales.html
