Artículo de Baptiste Giraud en Reporterre, el diario de la ecología, 13 de mayo de 2015.
Operación expulsión el martes 12 de mayo: por la mañana temprano, los ocupantes de la zona ocupada de la incineradora de Echillais y de la “Casa Feliz” de Boyardville han sido expulsados por orden de la prefecto de policía.
Los zadistas se lo esperaban, por lo que la cosa no ha tenido consecuencias. La decisión de expulsarlos había sido tomada por los jueces en enero y abril respectivamente, pero las fuerzas del orden no han actuado hasta el 12 de mayo.
La primera ZAD ha durado algo más de cuatro meses. Desde el pasado 31 de diciembre, los zadistas impedían el inicio de las obras de la incineradora en el municipio de Echillais, cerca de Rochefort, al ocupar un espacio adyacente a la vieja incineradora actual, donde estaba previsto la construcción de la nueva. El proyecto, que pretende aumentar la capacidad de incineración de residuos en el sur del departamento, también ha sido denunciado por la asociación Pays Rochefortais Alert’, PRA, debido a su lógica irracional, su coste financiero y su impacto ambiental.
Sin embargo, la agrupación de municipios que lo impulsa, el SIL o Syndicat intercommunautaire du litoral, quería que los trabajos empezaran cuanto antes. “Se sabía que antes de terminar mayo tendrían que empezar, tal como lo estipulaba el contrato de inicio de obras”, explica Jean-Marc Cornu, miembro de PRA. Durante todo este tiempo, y sobre otro tema diferente, en Boyardville, isla de Oleron, una segunda ZAD se ha formado en los antiguos locales de un instituto experimental, la “Casa Feliz”. Los ocupantes se oponen a la “Malconche”, un proyecto de producción industrial de mejillones y ostras.
“Teníamos dos situaciones similares y no era cuestión de elegir entre enviar la fuerza pública a un lado o al otro”, ha declarado la prefecto del departamento, Béatrice Abollivier a Vogue Radio. “Los cargos electos no lo hubieran entendido, puesto que me solicitaban de ambas partes, tanto de la isla de Oleron como del SIL. Hemos querido que fuese una operación conjunta y simultánea.” En efecto, estas expulsiones habían sido ordenadas por el tribunal administrativo de Poitiers en los fallos del 12 de enero y 21 de abril.
Hacia las seis del martes por la mañana del 12 de mayo, dos grupos compuestos cada uno por un centenar de gendarmes móviles, apoyados por un equipo especial y un helicóptero, han procedido simultáneamente a la evacuación del terreno de la incineradora de Echillais y de la Casa Feliz de Boyardville. La operación trasluce el temor por parte de la autoridad de que las ZAD no se sostuvieran mutuamente y el deseo de erradicar cualquier oposición para que las obras pudieran empezar rápidamente. Las instalaciones de los zadistas –tiendas, caravanas, cabañas- han sido destruidas, mientras que a la Casa Feliz se le ha puesto custodia en espera de ser tapiada.
-El alcalde mentiroso: no dijo lo mismo en su campaña electoral
Los dieciséis ocupantes de la Casa Feliz han sido detenidos a resultas de las “diligencias judiciales” contra ellos por hechos acaecidos en el pasado sobre “resistencia a la autoridad” y “robo de electricidad”, de acuerdo con el portavoz del ministerio del interior al ser preguntado por France 3.
En cuanto a Echillais, los miembros del PRA han intentado sostener a los zadistas, tal como ha explicado JM Cornu: “hemos enviado muchos mails, hecho una cascada de llamadas telefónicas y usado las redes sociales, pero la zona ya estaba invadida a lo grande.” La quincena de oponentes llegados a toda prisa no han podido hacer otra cosa que bloquear durante poco tiempo la carretera departamental, puesto que en seguida han sido desalojados por los gendarmes. Después, junto con algunos zadistas, se han presentado ante el ayuntamiento de Rochefort en busca del alcalde del partido UMP, Hervé Blanché, hoy a favor del proyecto, aunque se mostrara contrario en la reciente campaña por las municipales. Al no recibirlos, los luchadores han entrado en el edificio y le han dicho cuatro cosas en su despacho, produciéndose un ligero altercado. En un video colgado en la web del diario Sud Ouest se ve al alcalde pedir a un policía municipal que gaseara a los invasores para sacarlos del despacho y al policía negándose a cumplimentar la orden; también se le ve tratando de arrebatar el móvil de uno de los presentes.
-La lucha contra la incineradora no retrocede
zad4Zadistas y demás militantes del sector habían de reunirse el mismo martes por la tarde para discutir las próximas acciones. En Echillais, una reunión del consejo municipal sobre el asunto del urbanismo debería tener lugar a las ocho, suscitando la movilización de los contrarios a la incineradora, pero fue anulada por Vincent Barraud, alcalde de Etaules, feroz partidario del proyecto en tanto que presidente del SIL, el sindicato que lo impulsa.
Según un adversario del proyecto, Thierry Kieffer, la perspectiva de una reocupación parece poco probable y añade: “Los primeros trabajos consistirían en levantar una valla metálica en los lugares, con cámaras de videovigilancia”. Está prevista una manifestación para el 30 de mayo.
PRA continúa el combate por la vía jurídica. Se piensa en un recurso contra la autorización de explotar la incineradora, alegando el no cumplimiento de las normas sobre seísmos. Según Xavier Dell’Ova, de PRA, “la prefectura se empeña en comenzar unas obras que no cumplen con todas las garantías parasísmicas”. “Un edificio de más de 18 metros de altura donde trabaja gente ha de respetar las normas. Pero en el proyecto cuestionado sólo las oficinas las cumplen; la incineradora no las cumple, puesto que figura como hangar agrícola, aunque mida 41 metros de altura y trabaje gente allí.” Se necesitarían nuevos estudios y una nueva concepción del edificio. Pero el recurso por sí solo no podrá detener las obras. Para hacerlo haría falta una suspensión cautelar, difícil de darse. “Cuando hablamos de normas parasísmicas con la prefecto, ésta se enfadó y se negó a responder”, cuenta Dell’Ova. “Apaga el botón porque creo que los promotores saben que la incineradora no cumple con la legalidad y creían poder hacerse los locos.”
Él y todos los contrarios al proyecto denuncian la lentitud de la justicia: “los promotores del proyecto se dan el lujo de presentar alegaciones para ganar todo el tiempo necesario, mientras explotan y rentabilizan su útil. La lentitud de la justicia posibilita que nada les moleste.”
