El gerente de la polémica empresa de desalojos extrajudiciales está vinculado al sector inmobiliario y cuenta con personal de control de acceso y de STM Seguridad para ejecutar sus intervenciones en favor de grandes empresas propietarias de inmuebles.
El empresario Daniel Esteban y su abogado German Plaza no han dudado en defender la actividad de Desokupa, ante diversos medios de comunicación, como “legal y necesaria para que las familias que tienen sus pisos okupados, tras pagarlos con los ahorros de toda una vida, puedan recuperarlos”. Según Esteve, de las 70 actuaciones de la empresa en la península, el 95% de los casos se han resuelto con éxito, sin denuncia y en menos de una hora. Sin embargo, hay al menos cuatro que han fracasado: uno ha acabado en una denuncia policial y otro en una querella del Observatorio DESC contra Desokupa.
Los cuatro intentos de desalojo de inmuebles efectuados por la empresa que se han podido documentar han sido siempre sin orden judicial y las fincas pertenecían a grandes propietarios o inmobiliarias de compraventa, en ningún caso a un particular o una familia. Mk Premium, Norvet Property, Univness o Korsal Project son los propietarios que han contratado los servicios de Desokupa para intentar recuperar viviendas.
Sin embargo, en tres de los cuatro casos la intervención extrajudicial de los hombres de Esteve se ha visto frustrada por la actuación vecinal o policial. El único caso documentado en que Desokupa ha tenido éxito es el de Can Dimoni, el inmueble desalojado el pasado mes de abril y donde se visibiliza la existencia de la empresa por primera vez. En un primer momento, se trataba de una gran finca abandonada y en pleno proceso de degradación en el corazón del barrio de Gracia de Barcelona, el distrito de la ciudad que experimenta una mayor subida interanual del precio de alquiler –cerca de un 31% respecto al año pasado por estas fechas, según Idealista–. Pero al día siguiente del desalojo extrajudicial de Desokupa, la inmobiliaria Norvet anunció un nuevo proyecto: ocho exclusivos apartamentos de 45 a 100 m2 dotados de tecnología inteligente, piscina y jardines en la planta baja.
En el actual contexto de subida de precios, a los inversores les interesa deshacerse de los deudores rápidamente y aquí es donde entra en juego una empresa como Desokupa. El año 2015, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó más de diez desalojos al día en Barcelona y cerca de 40 en Cataluña, unos datos que no incluyen los inmuebles desalojados al margen de la justicia.
Una pata y media en el sector inmobiliario
Daniel Esteban, ex de discoteca y luchador de artes marciales mixtas reconvertido en empresario como gerente de Desokupa, cuenta con una bolsa de contactos influyentes. Se ha puesto al servicio, entre otros, de empresarios del sector inmobiliario como Simon Castilla Hogbom, con cargos en el Banco Sabadell y administrador de la inmobiliaria Roof Capital, y de grandes accionistas como Alon Younger, administrador de Norvet Property, que ostenta cargos a otras diez empresas del sector. El fondo de inversión traspasó la propiedad de Can Dimoni a la inmobiliaria, estando al corriente de que el inmueble estaba habitado y, finalmente, Norvet contrató Desokupa para acosar y posteriormente efectuar el desalojo de la finca.
Otro ejemplo son los hermanos mediáticos Daniel y Sergio Leyva, propietarios del potente grupo inmobiliario MK Premium, que contrataron Desokupa para intentar desalojar la finca La Clota, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona. Entre otras operaciones, MK Premium ha gestionado la polémica venta del edificio de Can Sesenta, en el barrio del Raval, como intermediaria entre la propiedad Clamarc SL (del grupo inversor alemán Jäger & Pachowiak) y el Ayuntamiento de Barcelona, que finalmente la ha adquirido por seis millones de euros.
Tras la intervención de Desokupa en La Clota, frustrada por vecinas y grupos de apoyo, MK Premium se ha desvinculado de la finca y la ha traspasado al abogado Marc Samaranch. Sin embargo, las mismas residentes aseguran que “las vigilancias por parte de matones no han parado desde aquel día”.
Convencido de que su actividad no conlleva ninguna incompatibilidad legal, Esteban lo ha transmitido públicamente a través del abogado Germán Plaza, fundador de la asesoría jurídica Plaza Legal. Asimismo. El letrado también tiene un pie dentro del sector inmobiliario, como consejero delegado a la inmobiliaria Sanboal, donde comparte cargo con otros empresarios del sector turístico, que a la vez tienen participación en la Fundación de La Caixa. Varios familiares de Plaza vinculados a Sanboal también ostentan cargos de consejeros en el sector inmobiliario en empresas turísticas y hoteleras de toda la península y las Islas Canarias.
El pasado 3 de octubre, el abogado de Desokupa aparecía en un acto exclusivo con la élite inmobiliaria y empresarial reunida en la Avenida Diagonal de Barcelona, en la nueva sede de Engel & Völkers. La empresa es uno de los gigantes mundiales en el sector en la intermediación de inmuebles de alto standing, con especial presencia en Barcelona, y agrupa 1.200 propiedades y 250 agentes inmobiliarios.
Aunque ahora está extinguida, Esteve también ha sido propietario de una inmobiliaria. En 2012 compró la empresa Newton Innova SL Raúl Pons Serraclara, testaferro con más de 900 vinculaciones con empresas del sector. La sociedad se dedicaba a la compraventa de fincas rústicas y urbanas, y a la promoción, construcción y otras operaciones de carácter inmobiliario.
Como testaferro, Serraclara fundó Antártico Vintage el año 2012, que, con Manuel Bravo Solano como administrador, sería dos años más tarde la empresa propietaria del Banc Expropiat de Gracia. Además de las dimensiones del conflicto, el caso evidenció un proceso especulativo iniciado desde el abandono de la oficina, la posterior compra del local por parte de la empresa por cerca de 80.000 euros, conocedora de que estaba ocupada y el pago secreto de unos 65.000 euros por parte del ex alcalde convergente Xavier Trias hacia Solano para evitar un nuevo efecto Can Vies en Gracia si el Banco era desalojado. Cuatro años después de esta compra, el nuevo Ayuntamiento de Barcelona en Común sondeó Antártico Vintage para conocer el precio del local y valorar si podía comprarlo y municipalizarlo. El precio de compra había aumentado hasta 800.000 euros.
STM Seguridad o como repartirse el pastel inmobiliario
Cuando Desokupa actúa no lo hace sola. En muchas ocasiones, como en los hechos de la calle de la Cera del barrio del Raval, actúa con STM Seguridad Integrada. A pesar de su denominación comercial, la empresa titular se llama Soluciones Técnicas del Metal y se encarga de la fabricación e instalación de puertas ‘antiokupas’, construidas totalmente de acero y con cerraduras de seguridad en su factoría en Barberà del Vallés. En color negro-mate, su precio oscila alrededor de los 1.200 euros. Aparte de Desokupa, el 90% de sus clientes no son particulares, sino entes como la Sareb, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y los fondos de inversión, según confirmó el responsable comercial de la empresa Juan Carlos Parra en el portal Libre Mercado.
La empresa lo tiene claro y para promocionar la instalación de sus puertas enumera un presupuesto en su página web en el que compara los costes de una ocupación de 18 meses de media y la opción de pagar un alquiler en 18 cuotas por una puerta estándar.
Según el registro mercantil, Ana Duran Curado es la administradora única de la empresa y, desde el año 2011, además de STM, es administradora de otras dos empresas del sector inmobiliario: Nova Andur Investment y Durdel S.L.
En octubre del año pasado, dado el crecimiento de la empresa, STM abrió una delegación en Madrid, domiciliada en el municipio de Alcorcón. Según el registro mercantil, el administrador único de STM Seguridad Madrid es Juan José García García, que a su vez es apoderado también de varias inmobiliarias y de entidades bancarias como Banco Popular, BBVA o Bankia, entre otros.
Se da la circunstancia de que es precisamente Bankia la que ostentaba la titularidad de los inmuebles de la calle de la Cera en el barrio del Raval de Barcelona y Pacs de Penedès hasta un mes antes de los intentos de desalojo de Desokupa. Entonces, la filial inmobiliaria del banco ya había traspasado las viviendas con okupantes en el interior a las empresas de compraventa Univness y Korsal Project, respectivamente.
El pasado 1 de octubre, la inmobiliaria Univness se vio implicada en un nuevo caso de acoso y de intento de desalojo sin orden judicial. En esta ocasión, en la calle de San Clemente del Raval. Según publicaba en su blog la Asamblea Raval, el inmueble vivió una estrategia similar a la de los dos inmuebles, originalmente de Bankia: un mes antes del intento de desalojo, fue traspasado por el BBVA. Operarios de STM intentaron instalar una puerta antiokupes, pero la llegada de los Mossos frustró sus planes.
Control de acceso extralimitado de funciones
En las diferentes intervenciones de Desokupa, además de STM también ha hecho acto de presencia varias personas uniformadas con el distintivo Control de acceso, y muchas han impedido el paso al inmueble en proceso de desalojo, como si se tratara de una discoteca.
El Departamento de Interior define este personal como “las personas que ejercen las funciones de admisión y control de acceso del público al interior de determinados establecimientos o espacios abiertos al público como espectáculos musicales, culturales o actividades recreativas”. Sin embargo, en las diferentes intervenciones de Desokupa documentadas, el personal ha asumido el control de acceso a la vía pública, en escaleras de vecinos y en domicilios particulares. En el caso de Pacs del Penedès, Esteve incluso cambió la cerradura y acceder al interior de la vivienda de Marta Domènech -la residente que no estaba en el inmueble en aquellos momentos- y la llamó desde el comedor para avisarla de que no volviera a casa.
Varios colectivos vecinales como la Asamblea Raval (AR) han denunciado las tareas de controladores de acceso contratados por Daniel Esteve: “Normalizando estas prácticas corremos el riesgo de delegar las funciones de los funcionarios del Estado en manos de una empresa de porteros de discotecas “, apuntaba en una entrevista en el Confidencial el miembro de la AR Toni Salas.
La Dirección General de Administración de Seguridad es el órgano competente para expedir el carné y el distintivo profesional como personal de control de acceso. Entre los requisitos, el aspirante debe superar una formación de sesenta horas y una prueba de selección, donde acredite los conocimientos y la capacidad necesaria para ejercer la función.
Directorio de okupas en la península ibérica:
Estado español: https://radar.squat.net/es/groups/country/ES/squated/squat
Cataluña: https://radar.squat.net/es/groups/country/XC/squated/squat
País Vasco: https://radar.squat.net/es/groups/country/XE/squated/squat
Directorio de grupos (centros sociales, ateneos, okupas) en la península ibérica:
Estado español: https://radar.squat.net/es/groups/country/ES
Cataluña: https://radar.squat.net/es/groups/country/XC
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Eventos en la península ibérica:
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Cataluña: https://radar.squat.net/es/events/country/XC
País Vasco: https://radar.squat.net/es/events/country/XE
https://www.diagonalperiodico.net/global/32047-aliados-desokupa-em-la-sombra.html
