Estado español: Okupación rural, recuperando el territorio

La okupación rural es un fenómeno que abarca gran amplitud de cuestiones, proyectos, luchas y sueños, pero que por lo general parte de un paradigma común; la autogestión. Es una de tantas herramientas para alcanzar dicho horizonte y que pone de manifiesto en primer lugar la cuestión territorial, algo a lo que cada proyecto de okupación rural dará una solución diferente en función del espacio en que se encuentre y de sus propios procesos a nivel colectivo. Desde las primeras iniciativas surgidas en la década de los 80’, hasta las que apenas llevan unos años en marcha, se ha ido gestando un movimiento centrado en la búsqueda de un modo de vida sostenible a través de la mínima dependencia de recursos externos, la soberanía alimentaria y la recuperación de modos de autosuficiencia, organización y tradiciones locales, así como de espacios que en su momento tuvieron vida, y que por distintas políticas han sido arrebatados a sus legítimas dueñas. Todavía queda un largo camino por recorrer, y es por eso que cada vez se hace más necesario un fortalecimiento de redes tanto en los proyectos rurales como entre lo rural y la ciudad, que nos permitan salir de la lógica capitalista que tanto consume nuestras vidas.

El neorruralismo que propone la okupación rural sienta sus bases en la recuperación de la vida en comunidad y en un modelo de relaciones basado en la horizontalidad, donde la autogestión y el cuidado, tanto colectivo como individual, son el eje fundamental para la creación de un modo de vida sostenible, y sobre todo, bajo un paradigma libertario. La creación de redes locales de apoyo que permitan salirse del marco económico capitalista, así como la búsqueda de una soberanía alimentaria mediante el cultivo y cuidado de huertas propias, frutales, elaboración de conservas, recolección de productos locales y de temporada, son aspectos básicos de estos proyectos. Hablamos de alimentarnos en función del ciclo de la tierra y de las características naturales propias del lugar donde esta se trabaja recuperando el uso de semillas locales. La soberanía alimentaria es una cuestión fundamental para nuestro autocuidado en tanto que conocemos lo que comemos y somos conscientes de todo el proceso que conlleva alimentar nuestros cuerpos permitiéndonos al mismo tiempo vivir de manera coherente y sostenible con el medio en el que habitamos y desligarnos de la producción alimentaria industrial. La obtención de recursos energéticos, la construcción de hogares a partir de medios tradicionales, la rotación de curros, la toma de decisiones por consenso, terminan de completar este paradigma de vida. Pero hay una cuestión básica en todo esto que normalmente no capta tanto la atención como los ideales mencionados arriba; ese es el territorio y la importancia de recuperar el espacio rural.

El territorio siempre ha sido un foco de conflicto, interés y privilegios, es decir, siempre ha sido una cuestión política, y por lo tanto un aspecto más del poder de cada grupo humano que lo gestione. Éste se encuentra en continua tensión entre las distintas partes de la sociedad o comunidad que allí se encuentre, que obviamente no partirán de unas condiciones igualitarias de poder y acción. Las distintas políticas sobre la tipificación, gestión y propiedad del territorio responden a ello, así también lo hacen los movimientos de resistencia indígena en defensa de la tierra (como es el caso Mapuche o el de Chiapas), por lo que cada parte jugará sus cartas en función del grado de legitimidad, represión, coerción, fuerza o dominación que ostenten o que sean ejercidas sobre ellas. La cuestión del territorio es un problema inherente a la forma y calidad de todos los aspectos de la vida de las personas en cada región, y que puede ser tanto fuente de enormes privilegios, como las ciudadanas de la UE y sus “maravillosas” fronteras, o una intención de dominación y exterminio públicamente declarada a un determinado pueblo, como es el caso que sufre Palestina, entre otras masacres o limpiezas étnicas que se dan por cuestiones territoriales, raciales, ect. El territorio es, por tanto, una variable más que nos configura a las personas como sujetos de acción, y por eso es muy importante repensar los espacios en los que nos encontramos, con sus respectivos problemas y el sistema de dominación que en ellos impera, para adecuarnos así en nuestras luchas.

En las ciudades, y en unas más que en otras, podemos dar cuenta de los procesos de gentrificación que se producen cada vez más en sus barrios, y sus consecuencias, las conocemos de sobra: encarecimiento de la vivienda, desplazamientos forzados de personas, etc. La brecha entre “clases sociales” en la ciudad se agranda debido a este fenómeno, y esto repercute también en lo rural, donde esta brecha se abre exponencialmente desde hace ya varias décadas. Lo que se conoce como “la despoblación” o desierto demográfico en España, no es otra cosa que la consecuencia directa de la gentrificación en las ciudades, o mejor se debería decir que están sumamente correlacionadas, esto se refleja en quién es propietaria de lo rural y quien de lo urbano, dónde se encuentran determinadas industrias, quien puede construir y quien no en, por ejemplo, parques regionales, naturales o cualquier otra tipificación creada para establecer la gestión de un espacio que por supuesto, en su mayoría, acaba en manos de empresas privadas. Las políticas para combatir la despoblación nos lo dejan claro; inversión en el turismo, el AVE en Teruel, etc. Es el cuento de siempre, la tierra se vuelve a concentrar en manos de unas pocas, y la máscara de la democracia es cada vez más insostenible en esta cuestión.

Poniendo un ejemplo concreto y actual sobre cómo estas variables y cuestiones territoriales se relacionan con políticas que llevan varias décadas en activo, nos podemos remitir a la propia lógica de la legalidad con la que se enmascaran los mecanismos por los cuales la tierra es arrebatada por parte de los gobiernos; este el caso de Fraguas, un pueblo situado en la Sierra Norte de Guadalajara que fue expropiado durante el éxodo rural de los 60’ a respondiendo a los planes del desarrollo capitalista del régimen. Según se especifica en la Ley de Expropiación de 1954, la propiedad es expropiada para “fines de interés público”, lo que viene a significar que un gobierno, en este caso franquista, determina lo que es ese interés público, y el beneficiario puede ser tanto la administración como “otro/s”; este “otro/s” será con certeza una empresa privada. Para el proceso de expropiación se necesita un protocolo, una ley específica para ello (la de 1954) en el que se determina los pasos, la indemnización e incluso se fija el procedimiento de restitución. En el caso de Fraguas no sólo se expropia el pueblo a sus pobladores, sino que se hace incumpliendo el marco legal establecido para ello, que dictamina que “los derechos de carácter patrimonial, derecho de personalidad y bienes de dominio público, son inexpropiables”, es decir, un pueblo no se podía expropiar incluso durante la dictadura siguiendo sus propias leyes; esta artimaña legal no es más que una máscara a un procedimiento que hizo desaparecer del mapa el pueblo de Fraguas tanto de forma física como histórica, borrando su rastro como si nunca hubiera existido. A este hecho es a lo que se acoge la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su defensa, Fraguas nunca existió, lo cual supone otra cosa que una política de continuismo con la legalidad franquista. Esto, para las que ya estamos desencantadas con la política de los gobiernos españoles, y más concretamente con el aparato estatal, no nos supone ninguna sorpresa, sin embargo, deberíamos pensar en esos espacios como una oportunidad para recuperar aquello que fue robado a sus legítimas dueñas, unos pueblos con sus historias particulares, sus identidades locales, sus propios medios de vida… y que entran en contradicción con los intereses del Estado-nación. Es aquí dónde pese a las diferencias vemos dinámicas similares entre la dictadura franquista y la democracia que surgió tras ella, la gestión del territorio llevada a cabo por ambas legalidades es equiparable, estos espacios fueron robados y usados para unos fines que entran dentro de los objetivos del desarrollo estatal (y por ende, del sistema capitalista) y del que ya conocemos sus pésimas consecuencias. Por poner un ejemplo todavía más crudo, cuando un antiguo habitante de Fraguas fue una vez a renovarse el DNI, no le dejaron poner el nombre del pueblo como su lugar de nacimiento porque “no existía en el sistema informático”; una vez más, el pueblo es borrado físicamente del mapa así como de la memoria histórica. Todo esto no son más que ejemplos, remitiéndonos a los procesos legales, de cómo la tierra es arrebatada por parte de gobiernos; tenemos tantos más como pueblos abandonados por todo el territorio.

La expropiación y destrucción de espacios habitados, tales como aquellos pueblos que allá en los años 60 del pasado siglo sufrieron un éxodo rural en proporciones nunca vistas, es consecuencia directa de un sistema de dominación con base en el Estado-nación que socava las identidades, tradiciones, medios de vida y autosuficiencia locales, que fuerza la migración a la ciudad con sus políticas discriminatorias. Es sobradamente conocido el impacto de las grandes ciudades y núcleos masificados sobre el medio ambiente y las personas; recuperar estos espacios es un aspecto más, y muy necesario, para la lucha contra este sistema. Rebatiendo el mito de que “el neorruralismo y la creación de comunidades alternativas lleva a olvidarse del mundo”, consideramos que centrarse únicamente en la lucha urbana es seguir irremediablemente el juego de la política estatal que busca apiñarnos a todas en las ciudades, olvidándonos de todos aquellos espacios y comunidades históricas que han sido suprimidas por la dominación del sistema capitalista, no hay acto más necesario y desafiante contra este sistema que la recuperación del espacio rural por medio de colectividades. Porque la vida en el campo es ante todo un proceso colectivo, es desde ese punto desde el que deben partir los proyectos neorrurales. La okupación rural abre nuevos espacios de reflexión y acción que no se plantean en la ciudad, y es precisamente sobre esas diferencias donde un debate entre urbanitas y rurales se hace necesario para crear un análisis completo sobre la situación de los movimientos sociales y sus respectivas luchas, reformular cuestiones, reforzar redes, y sobre todo, evitar cerrarnos en una burbuja que nos haga perder perspectiva sobre otros territorios. La vuelta al campo es algo necesario, legítimo y real.

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