Era el mes de marzo de 2017 cuando abrimos por primera vez la puerta del número 45 de la calle Matrozou y empezamos a reparar el edificio para que pudiera albergar nuestras luchas, deseos, necesidades y cuerpos. Y cuando unos meses después estos ya no cabían en un solo edificio, abrimos otras dos casas abandonados en el barrio de Koukaki, el 21 de la calle Panaitoliou y la Casa Azul (número 3 de la calle Arvali). Así se creó la Comunidad Okupa de Koukaki, en el centro de Atenas.
Desde entonces y hasta el 2020, estas 3 casas y la gente que vivíamos en ella fuimos una comunidad política que combinaba la lucha anarquista con la vida comunal. Las puertas de nuestras casas estuvieron siempre abiertas a quienes deseaban luchar contra la violencia y la injusticia del Estado, necesitaban refugio o deseaban utilizar sus estructuras públicas, y/o buscaban un modo de vida colectivo. También era un espacio político y social abierto y accesible a los habitantes de uno de los barrios más gentrificados de Atenas. La comunidad participaba en luchas del movimiento okupa y antifascista, en solidaridad con los prisioneros políticos, la lucha contra la violencia sexista, el patriarcado, el racismo, la explotación de la naturaleza, y contra la gentrificación del barrio y la privatización de la colina Filopapou de nuestro barrio. Además de las asambleas y actos políticos que acogía, en las casas funcionaban varias estructuras comunales, como una biblioteca de préstamo, baños y lavanderías públicas y un bazar de ropa gratuito.
Nuestra posición y acción política fue la razón por la que nos enfrentamos varias veces a ataques incendiarios de grupos fascistas, así como a la represión del estado. Ésta segunda se produjo en forma de desalojos en tres oleadas, en 2018, 2019 y 2020, cuando la comunidad perdió finalmente los edificios que la acogían. En todas las ocasiones la comunidad presentó resistencia combativa a los ataques estatales e intentó reocupar los edificios. Las fuerzas represivas utilizaron balas de goma, granadas aturdidoras, violencia física y armas químicas en los edificios y en todo el barrio, en respuesta a nuestra resistencia. Los vecinos y compañeros que se solidarizaron también fueron atacados por la violencia estatal. La mayoría de los desalojos nos llevaron a los tribunales con multitud de acusaciones, con la intención de intimidarnos y agotarnos psicológica y económicamente.
Debemos referirnos especialmente al último desalojo del edificio Matrozou en 2020, cuando, tras nuestra resistencia, los policías contrataron abogados (incluyendo un miembro del gobierno) para apoyar las acusaciones en el tribunal. El tribunal de primer grado condenó a nuestrxs compañerxs a 6,5 años de prisión sin suspensión, basado en 3 cargos de delito menor y tras una gran campaña mediática donde hasta el presidente de la república griega defendió públicamente la encarcelación de lxs detenidxs. En estos momentos, la sentencia fue recurrida y llevada a los tribunales superiores. Hasta entonces nuestrxs compañerxs se encuentran en libertad. Es la primera vez en la historia de Grecia que okupas corren el riesgo de ir a la cárcel, y la primera vez que los militantes políticos en general corren el riesgo de encarcelación sin ser acusados de delitos de caracter grave. El tribunal de apelación tendrá lugar el 2 de diciembre de 2025, y llamamos al movimiento okupa y anarquista internacional a la acción solidaria de apoyo político.
Esta maniobra sirve al propósito del gobierno de eliminar el movimiento okupa en Grecia, cuando al mismo tiempo inaugura una “nueva realidad” – conectada con el Nuevo Código Penal, 2024 – donde cualquiera que resista a la violencia estatal puede ser encarcelado por cualquier cargo.
Por todos los casos judiciales por los que hemos pasado [que son 5 en número] los gastos ya pagados ascienden a más de 10.000 euros, que han sido cubiertos por eventos solidarios que hemos organizado, así como a través de la contribución solidaria de otros colectivos e individuos. Dos de de los cinco casos judiciales terminaron con una absolución, pero en los tres restantes si que ha habido condenas y han sido recurridos ante un tribunal superior.
Nos enfrentamos ahora a cubrir los costes judiciales de los tres casos restantes, que calculamos que ascenderán a la enorme cantidad de 25.000 euros. Esto incluye las tasas judiciales, los honorarios de los abogados, así como los gastos judiciales en caso de condena definitiva.
Por esta razón hemos creado esta campaña para informar a lxs compañerxs y colectivos en Grecia y en el extranjero, ya que todo tipo de contribución y solidaridad son importantes. Estamos disponibles para compartir más detalles sobre los gastos judiciales y/o el progreso de los casos. También estamos abiertos a apoyar y participar a distancia en cualquier iniciativa para organizar eventos informativos sobre las okupas y la represión estatal contra ellas.
Aquí estamos y seguiremos luchando. ¡La solidaridad es nuestra arma!
Solidariamente,
Comunidad Okupa de Koukaki
Atenas, Grecia
m45community [at] riseup [dot] net
https://radar.squat.net/en/koukaki-squats-community
Algunas okupas en Grecia: https://radar.squat.net/es/groups/country/GR/squated/squat
Grupos (CSOA, okupas) en Grecia: https://radar.squat.net/es/groups/country/GR
Eventos en Grecia: https://radar.squat.net/es/events/country/GR
Firefund https://www.firefund.net/koukaki
