La normativa municipal sobre seguridad en los recintos es utilizada por la Administración para obstaculizar los eventos en espacios autogestionados.
Hasta cuatro centros sociales madrileños han recibido la visita de efectivos de la Policía municipal y nacional en los últimos meses. En todos los casos se ha repetido el esquema: presión policial sobre el espacio de forma previa a la realización de un evento, identificando a personas y/o amenazando con multas incluso con órdenes de desalojo por la vía rápida en caso de que se realice la convocatoria.
El pasado 1 de noviembre, cinco jóvenes morían en una avalancha dentro del Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El juez encargado del caso, todavía en fase de instrucción, intenta saber si la causa de la avalancha fue un exceso de aforo, así como si hubo mala gestión por parte de la empresa encargada de la seguridad, y en ultima instancia si la responsabilidad sobre la seguridad del espacio recaía sobre el Ayuntamiento o la Delegación del Gobierno. [Leer más]
