El pasado 5 de junio el Ágora Juan Andrés Benítez recibió, por primera vez desde su apertura hace más de cuatro años, una carta procedente del juzgado que daba cuenta del inicio de un proceso civil. El juicio, fijado en un primer momento para el día 15 de octubre, se aplazó días antes de su celebración. A los pocos días se sabría que la nueva fecha para la celebración del juicio sería el 12 de diciembre. Tanto la empresa Triquell i Garcia, SL, como la infame SAREB mantienen el pulso judicial en base a intereses económicos muy lejanos de las necesidades del Raval.
Desde hace años, las presiones inmobiliarias, turísticas o netamente especulativas, así como sus consecuencias, han provocado que cada vez más vecinas decidan marcharse: por no poder pagar el alquiler, por el mobbing inmobiliario que ejercen los propietarios mediante subidas de precio y matones a sueldo, cansadas de la masificación turística y el ruido o la inseguridad que les genera la cercanía de un narcopiso. Todas estas son problemáticas complejas, que se entrelazan entre sí y que ofrecen escasos márgenes para su resolución.
No podemos, sin embargo, quedarnos de brazos cruzados ante la inoperancia o la ineficacia de las instituciones que, en sus distintas escalas, no están respondiendo a nuestras necesidades. Una situación anómala, como debería ser un desahucio, es ya algo que forma parte de nuestro día a día; lejos de disminuir, año tras año y pese a todos los esfuerzos, se agravan. [Leer más]
