La misma semana que Ciudadanos vetaba en la Asamblea de Madrid la posibilidad de debatir la Iniciativa Legislativa Popular del movimiento de vivienda madrileño, el partido naranja comenzaba una dura campaña contra la okupación disfrazada de campaña contra los “narcopisos”. Tras 10 años de la llamada crisis, cuyo origen reside precisamente en el fraude de las hipotecas subprime en Estados Unidos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, se sigue sin dar una respuesta efectiva y concreta en materia de vivienda que proteja a las capas más vulnerables de la población en primera instancia y que posteriormente garantice un acceso económicamente acorde a los ingresos de las familias trabajadoras. Por el contrario, la ofensiva y expansión del uso de la vivienda como mercancía continúa. A la venta masiva de vivienda pública a fondos buitre y el acaparamiento de vivienda por parte de bancos y grandes propietarios, debemos sumar hoy la incipiente burbuja del alquiler, las campañas mediáticas que criminalizan a quien es desahuciada y las nuevas legislaciones cuyo fin es aumentar la velocidad con la que se desahucia.
Política de miedo
Ciudadanos, el Partido de la banca, está llevando a cabo una campaña en la que equipara la okupación de viviendas por necesidad, o para generar centros sociales, con las ocupaciones de viviendas para la venta de drogas. Todo ello cargado de una retórica basada en una supuesta inseguridad en los barrios populares de Madrid. Reconociendo que el problema de los llamados “narcopisos” existe, aunque no de la forma tremendista que alega Ciudadanos, equiparar unas okupaciones con otras es una forma de desprecio a quienes son expulsadas de sus casas y obligadas a luchar y entrar en una vivienda.
No es de extrañar que Ciudadanos se grabara en vídeo delante de centros sociales como La Quimera de Lavapiés para denunciar a los narcopisos. Su interés no reside en acabar con la venta de droga, su interés es proteger los intereses de la banca y los fondos de inversión que necesitan que sus viviendas no tengan inquilinos no deseados que dificulten la entrada de esas viviendas en el mercado. Para ello trata de crear una imagen de los Centros Sociales como espacios que fomentan la inseguridad en los barrios. Si realmente a Ciudadanos le preocupara el problema del acceso a la vivienda, se hubiera dignado a debatir las leyes propuestas por el movimiento de vivienda tanto en la Asamblea de Madrid como en el Parlamento nacional. Ciudadanos quiere legislar sobre la vivienda, pero no para garantizar el acceso a ella, si no para garantizar la especulación y los intereses de la banca.
Una ley para la banca
Una de las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de las políticas de recorte que llevamos 10 años sufriendo, ha sido el acaparamiento de vivienda por parte de la banca y de grandes fondos de inversión internacionales. Ahora, uno de los problemas a los que se enfrentan estos grandes propietarios es la necesidad de tener sus viviendas vacías para poder ponerlas en el mercado. Y como quien posee una mercancía de gran valor en el mercado es capaz de cambiar a su antojo las reglas del juego, los partidos políticos que representan los intereses de estos buitres están sacando adelante una nueva ley cuyo eje principal es facilitar la expulsión de inquilinos incapaces de pagar un alquiler o hipoteca. Y es que las estadísticas oficiales nos dicen que existen unas 90.000 viviendas ocupadas ilegalmente, de las cuales más del 80% son propiedad de entidades financieras.
En esta ley se han puesto de acuerdo PP, PNV, PDeCAT, Ciudadanos y PSOE. Aparentemente enfrentados, pero realmente de acuerdo en los grandes temas sociales y cuando se trata de proteger a ricos y poderosos.
La ley es totalmente garantista con los propietarios en detrimento de los ocupantes. No se ofrece alternativa habitacional alguna a las personas expulsadas de la vivienda y tampoco será necesaria una notificación personal para la persona concreta, ahora bastará con una demanda de recuperación genérica. Por si esto no fuera suficiente, se introduce la posibilidad de que ante el Auto de desalojo no quepa recurso o que el desalojo pueda hacerse de forma cautelar.
10 años de crisis no han sido suficientes
Es inconcebible que tras el drama colectivo vivido en torno a la vivienda y las consecuencias multidimensionales que ha tenido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, desde los poderes fácticos y efectivos se siga empujando en la dirección contraria a garantizar el derecho a la vivienda. Es un horror que las víctimas de la crisis sigan sin ser escuchadas y que, por el contrario, sean cada vez más criminalizadas.
Viendo el panorama político-electoral no podemos si no avistar un futuro inmediato de mayores ofensivas contra los movimientos sociales y contra los derechos fundamentales que posibilitan una vida digna. El partido Ciudadanos que decía venir a regenerar la política, no ha hecho más que regenerar la guerra contra quienes no tienen más que su fuerza de trabajo. Una guerra de siglos que cada año se recrudece y nos sorprende, la falta de humanidad, de verdad y de criterio de quienes promueven estas políticas contra la vida misma no quedarán en balde, y toda la fuerza con la que atacan les vendrá de vuelta tarde o temprano.
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