Mientras el CSOA La Redonda mejora su aspecto de cara al nuevo curso, una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación, publicada el 11 de junio pasado, revolotea sobre este lugar histórico para los movimientos sociales de Granada. Las sanciones en esta Proposición pueden llegar hasta los 6 años de cárcel en caso de colectivos organizados, desviando absolutamente el problema del aumento del precio de la vivienda y los desahucios que viven especialmente los centros de las ciudades.
En Andalucía, mientras las entidades bancarias acumulan cada vez más inmuebles, los procesos de gentrificación y la consecuente subida del alquiler y expulsión de vecinas de sus barrios se intensifican. Todo ello, unido a la ausencia de políticas públicas en relación con la vivienda y al paulatino empobrecimiento de un sector cada vez más amplio de la población, ha supuesto que la vivienda en Andalucía sea cada vez más inaccesible. Sin embargo, no es esta problemática la que ha marcado el debate político en relación con la vivienda en campaña electoral, sino que el discurso de la derecha se centró en la criminalización de aquellas personas que ocupan inmuebles abandonados, en su mayoría propiedad de entidades bancarias.
